El Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos es contrario al Derecho de la Unión

25/10/2013

Según las concluciones del Abogado General en el asunto C-82/12, el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, establecido por algunas Comunidades Autónomas, es contrario al derecho de la Unión. Por otra parte, considera el Abogado General que no procedería limitar en el tiempo los efectos de la sentencia que se dicte por el Tribunal de Justicia.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62012CC0082:ES:HTML

STJUE 22 de octubre de 2013, sobre la prohibición de privatización de redes de distribución de energía

Sentencia TJUE 22/10/2013, asuntos acumulados C-105/12, C-106/12 y C-107/12; Staat der Nederlanden / Essent NV, Essent Nederland BV, Eneco Holding NV, Delta NV

Las restricciones a la libre circulación de capitales que afecten a empresas que operen en los mercados de electricidad y de gas natural pueden ser conformes con el Derecho europeo

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=143343&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=423141

El Consejo Constitucional Francés confirma la prohibición del fracking para la explotación de hidrocarburos

Décision n° 2013-346 QPC du 11 octobre 2013

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2013/2013-346-qpc/decision-n-2013-346-qpc-du-11-octobre-2013.138283.html#

El TS desestima el recurso del Estado contra la indemnización del RD de concesión de ‘Castor’

Poder Judicial 17/10/2013

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/TS_desestima_el_recurso_del_Estado_contra_la_indemnizacion_del_RD_de_concesion_de__Castor___sin_perjuicio_de_lo_que_pueda_resolverse_si_se_acreditara_dolo_o_negligencia

El Tribunal Supremo rechaza las medidas cautelarísimas solicitadas por Iberdrola y Unesa frente a la Orden que revisa los peajes eléctricos

11/10/2013

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder_Judicial/Tribunal_Supremo/Noticias_Judiciales/El_Supremo_rechaza_las_medidas_cautelarisimas_solicitadas_por_Iberdrola_y_Unesa_frente_a_la_Orden_que_revisa_los_peajes_electricos

Proyecto de Ley del Sector Electrico

4/10/2013

Proyecto de Ley del Sector Electrico, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 4 de octubre de 2013.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-65-1.PDF#page=1

Informe CNE supervisión atención al cliente de comercializadoras

3/10/2013

Este informe, aprobado por el Consejo de la CNE en la sesión de 25 de julio de 2013, tiene por finalidad acordar la apertura de un periodo de información  para supervisar el funcionamiento de los servicios de atención al cliente de las comercializadoras de gas y de electricidad

http://www.cne.es/cne/Publicaciones?accion=3&id=3466&id_nodo=32

A vueltas con la retroactividad del nuevo régimen retributivo de las energías renovables

Publicado en el blog jurídico ¿Hay Derecho? el 14/11/2013

Algunas reflexiones al hilo del dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de ley del sector eléctrico

 La contribución de las primas a las energías renovables al desbocado crecimiento del déficit de tarifa, ha determinado que se hayan llevado a cabo sucesivas modificaciones en las disposiciones que han regulado este régimen de incentivos. La finalidad de estas modificaciones ha sido reducir el importe de la primas como medida para atajar el déficit de tarifa.

Buena parte de las modificaciones han sido recurridas ante los órganos jurisdiccionales por las entidades beneficiarias de los incentivos, alegando la vulneración de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima y rentabilidad razonable.

El Tribunal Supremo ha tenido ya ocasión de pronunciarse sobre estas cuestiones en las sentencias que resuelven los recursos contencioso‐administrativos interpuestos contra las disposiciones y actos a través de los cuales se ha ido modificando  el  régimen de incentivos. Interesa destacar la STS 2320/2012, de 12 de abril, dado que es la primera que se pronuncia extensamente sobre todas estas cuestiones, desestimando un recurso interpuesto contra el RD 1565/2010, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. A partir de esta sentencia se han dictado otras que reproducen sus argumentos e introducen otros nuevos a la vista de las cuestiones planteadas en los sucesivos recursos interpuestos; entre ellas hay que mencionar la STS 4253/2012, 19 de junio  y la STS 4594/2012, de 26 de junio.

En estas sentencias se deja claro que los ajustes que se han producido no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida al proyectarse “hacia adelante” en el tiempo. Es decir, no afectan a los incentivos ya percibidos sino a las que están pendientes de percibirse. Se rechaza también que las medidas adoptadas hayan vulnerado los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, argumentado que en una situación de crisis económica generalizada, que afecta especialmente al sistema eléctrico, con un grave problema de déficit, no pueden pretender los titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial que se mantenga inalterable el régimen de retribuciones.  Por otra parte, el Tribunal Supremo mantiene que las medidas impugnadas no son arbitrarias al estar suficientemente justificadas en un motivo de interés general como es evitar el perjuicio que ocasionaría mantener un régimen retributivo que se ha revelado inadecuado.

 En suma, el Tribunal Supremo en las referidas sentencias ha justificado las medidas de ajuste adoptadas, considerando que no vulneran los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima y son necesarias para atajar el déficit de tarifa y garantizar la sostenibilidad económica del sistema eléctrico.

Pues bien,  la reforma en marcha del sector eléctrico -cuyo objetivo fundamental es garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico a largo plazo- introduce como una de las novedades más importantes, la desaparición del régimen especial de producción de energía eléctrica –que regula entre otras cosas los incentivos a las energías renovables-, contemplándose la  posibilidad de que el Gobierno establezca un régimen retributivo específico para fomentar la producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos.

El Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, ha adelantado la desaparición del régimen especial, estableciendo los elementos en que ha de basarse la implantación de este régimen retributivo específico, que habrá de ser desarrollado mediante las correspondientes disposiciones reglamentarias. Esta regulación ha sido recogida en el proyecto de Ley del Sector Eléctrico. Los rasgos que caracterizan el nuevo régimen de las energías renovables son los siguientes:

 1 – La retribución por la producción de energía procedente de fuentes renovables resultará de la participación en el mercado, percibiéndose el precio de la casación en el mercado mayorista.

 2 – Se contempla eventualmente la percepción adicional de una retribución especifica compuesta por un término por unidad de potencia instalada, que cubra, cuando proceda, los costes de inversión de una instalación tipo que no pueden ser recuperados por la venta de la energía y un término a la operación que cubra, en su caso, la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de dicha instalación.

 3 – En el cálculo de esta retribución adicional a partir de la consideración, a lo largo de toda la vida útil regulatoria, para una instalación tipo de cada tecnología y en referencia a la actividad de una empresa eficiente y bien gestionada, de unos valores estándares de los ingresos proporcionados por su participación en el mercado, de los costes de explotación medios necesarios para desarrollar la actividad y del valor de la inversión inicial de la instalación.

 4 – Concreción de la noción de “rentabilidad razonable“, especificándose que girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años más un diferencial adecuado

 5 – Revisión cada seis años de los parámetros retributivos para mantener la aludida rentabilidad razonable.

 Este nuevo régimen retributivo, una vez que quede definitivamente configurado mediante la aprobación de las correspondientes disposiciones reglamentarias, será también de aplicación a las instalaciones renovables en funcionamiento. Y vuelven a surgir las dudas acerca de la aplicación temporal del nuevo régimen retributivo, en la medida que afecta a instalaciones en funcionamiento sujetas al régimen económico vigente en el momento de su puesta en marcha. Los promotores de estas instalaciones, que han sufrido sucesivos recortes en los incentivos que venían percibiendo, rechazan frontalmente que se les aplique  el nuevo régimen retributivo, invocando una vez más la vulneración de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica y confianza legítima.

 Sobre estas cuestiones se ha pronunciado el Consejo de Estado en el reciente dictamen emitido con ocasión del anteproyecto de ley del sector eléctrico. El dictamen abunda en los argumentos manejados por el Tribunal Supremo en sus sentencias,  para llegar a la conclusión que el régimen retributivo previsto en el anteproyecto de ley para las instalaciones de producción de energía eléctrica antes comprendidas en el régimen especial, no contradice el principio de seguridad jurídica ni sus derivaciones (confianza legítima y retroactividad)

 Se insiste en el dictamen en el argumento utilizado una y otra vez en las sentencias del Tribunal Supremo, acerca de que la aprobación de un régimen retributivo determinado  no genera en los titulares de las instalaciones beneficiarias un derecho a la conservación de dicho régimen, con la consiguiente petrificación del ordenamiento jurídico.

Por lo demás, se rechaza en el dictamen que la reforma del sector eléctrico proyectada, en lo que se refiere al cambio del régimen retributivo de las energías renovables, pueda calificarse de inesperada a los efectos de considerar vulnerado el principio de confianza legítima. Argumenta el Consejo de Estado que “…ante el deterioro progresivo de la sostenibilidad del sistema eléctrico, a cuya solución se consagra el anteproyecto, los sujetos dedicados a las distintas actividades del suministro eléctrico, conocedores de tal deterioro, no podían confiar legítimamente en la conservación de los parámetros que habían degenerado en la situación descrita. No concurren, por ello, los requisitos para oponer el principio de confianza legítima a la regulación consultada

Y se deja claro en el dictamen que la aplicación del nuevo régimen retributivo a las instalaciones en funcionamiento no entra dentro del ámbito de la retroactividad prohibida, en la medida que no afecta a las retribuciones ya percibidas sino a las que puedan percibir las instalaciones existentes con posterioridad a la vigencia de la reforma iniciada.

 Ahora bien, el Consejo de Estado matiza y advierte del riesgo de que la reforma pudiera incurrir en una retroactividad prohibida si el método que se utiliza para el cálculo de la retribución –pendiente de implantar mediante la aprobación de las correspondientes disposiciones reglamentarias- toma en consideración hechos pretéritos, aunque fuera para el abono de retribuciones futuras. Se hace eco de esta forma de las quejas planteadas acerca de que para el cálculo de la rentabilidad razonable de las instalaciones haya de tenerse en cuenta toda la vida útil de éstas,  incluyendo rentabilidades ya obtenidas lo que condicionaría las retribuciones futuras de las instalaciones ya existentes.

 Por otra parte, aprovecha la oportunidad el Consejo de Estado para poner de manifiesto su preocupación por el intenso “riesgo regulatorio” al que ha estado sometido en los últimos años el régimen especial, como consecuencia de las sucesivas modificaciones introducidas. Con esta apreciación, que no cuestiona la legalidad de las medidas adoptadas –confirmadas hasta el momento por las sentencias del Tribunal Supremo-, se quiere llamar la atención sobre las negativas consecuencias económicas que tiene la incertidumbre regulatoria al desincentivar las inversiones.

 A pesar de estas matizaciones  y advertencias, el Consejo de Estado concluye que: “El examen de la reforma en curso (cuyas líneas maestras ya están en vigor, en virtud del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio) a la luz de la interpretación jurisprudencial de los principios mencionados, conduce a sostener la constitucionalidad de las medidas proyectadas. A pesar de que esta reforma tiene un calado muy superior a las anteriores modificaciones del sistema retributivo del régimen especial, habida cuenta de que el anteproyecto conlleva la desaparición de éste en cuanto tal, con la posibilidad excepcional de sustituirlo por un régimen retributivo específico basado en parámetros diferentes, la extrapolación al asunto consultado de las premisas de las que parte la jurisprudencia lleva a mantener la conformidad a los parámetros constitucionales de la regulación anteproyectada”.

 Pedro Corvinos

 

Resolución 24/9/2013, Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las TUR

1/10/2013

Resolución de 24 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de octubre de 2013.

http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10146.pdf