Noticias jurídicas

Sentencia TC 210/2014, de 18 de diciembre de 2014, que resuelve el Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Presidente del Gobierno, en relación con diversos preceptos de la Ley de las Cortes de Aragón 9/2009, de 22 de diciembre, de concejos abiertos de Aragón.

Se declara inconstitucional y nulo el artículo 16.2 de la Ley 9/2009, dado que el procedimiento de autorización de funcionamiento en régimen de concejo abierto que prevé este artículo para los municipios que deseen adoptarlo, aun cuando no les sea aplicable por razón de su población ni de su tradición histórica, no respeta las líneas mínimas del procedimiento descrito para idénticos supuestos en el artículo 29.2 de la LRBRL.

LEY 7/2014, de 25 de septiembre, de modificación de la Ley 7/1984, de 27 de diciembre, reguladora de la iniciativa legislativa popular ante las Cortes de Aragón

La modificación tiene por objeto facilitar el uso de la iniciativa legislativa popular a los ciudadanos y de propiciar una democracia más participativa.  La presente ley clarifica quién puede hacer uso de la iniciativa legislativa, amplía las materias sobre las que se puede emplear, reduce el número de firmas exigidas y los requisitos exigidos para presentarla, amplía el plazo de recogida de firmas, establece la obligación de debate en la misma Legislatura en que se presenta y garantiza de compensación económica a los promotores.

Artículo publicado en el Heraldo de Aragón del día 19 de agosto de 2014

DECRETO 129/2014, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón por el que se aprueba el Reglamento de los Consejos Provinciales de Urbanismo

 La aprobación de la modificación de la Ley 3/2009, de 17 de junio, de Urbanismo de Aragón mediante de la Ley 4/2013, de 23 de mayo, ha supuesto cambios normativos que afectan a los procedimientos de aprobación de los distintos instrumentos de planeamiento urbanístico, a otros actos de naturaleza urbanística y a los órganos urbanísticos de la Comunidad Autónoma de Aragón.

 Entre otros cambios normativos, se ha producido una reordenación de funciones y competencias de los Consejos Provinciales de Urbanismo, por lo que se ha hecho necesario la aprobación de este Reglamento que regula la composición, funciones, y ejercicio de la actividad de los Consejos Provinciales de Urbanismo y del régimen de notificación y de impugnación de acuerdos adoptados por estos órganos.

Circular 3/2014, de 30 de julio, del Banco de España, a las entidades de crédito y sociedades y servicios de tasación homologados, por la que se establecen medidas para fomentar la independencia de la actividad de tasación

Decreto-Legislativo 1/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragón

 El texto refundido, además de  integrar en un texto único todas las modificaciones legales que han dado una diferente redacción a determinados preceptos o han introducido nuevas disposiciones, revisado la estructura de la ley ajustando la numeración de los artículos y las remisiones y concordancias entre ellos. Se ha aprovechado la refunduición para actualizar algunas remisiones a la normativa estatal. Por último, se ha revisado la parte final de la Ley de Urbanismo de Aragón, adaptándola a las exigencias derivadas del tiempo transcurrido desde la aprobación de la misma y de sus variadas modificaciones

Ley 6/2014, de 26 de junio, por la que se modifica la Ley 6/1998, de 19 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos de Aragón

 La reforma de la ley tiene por objeto consolidar el proceso iniciado mediante la Ley 6/1998, de 19 de mayo, incorporando las nuevas figuras de protección de ámbito internacional, tales como las reguladas por la UNESCO, y trasponiendo el acervo comunitario, en particular lo referente a la Red Natura 2000, regulada en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la conservación de las aves silvestres y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, debidamente actualizados.

 Por otro lado, se pretende con esta reforma adaptar la normativa autonómica a la legislación estatal del carácter básico, contenida en la Ley 5/2007, de 3 de abril, de la Red de Parques Nacionales, en lo relativo a la definición de Parque Nacional, y en la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, que permite unificar en un solo documento las normas reguladoras de espacios protegidos coincidentes así como sus mecanismos de planificación. Y se incorporan las novedades introducidas por la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 Desde un punto de vista procedimental, la reforma persigue la simplificación de los trámites administrativos en diversos procedimientos.

La demanda de amparo se fundamenta en la vulneración del derecho a la defensa y a ser informado de la acusación en el procedimiento administrativo sancionador  -art. 24.2 CE- como consecuencia de la falta de notificación personal del procedimiento sancionador,  ya que las notificaciones se llevaron a cabo por edictos sin haber agotado las posibilidades de notificación personal. El TC estima el recurso de amparo argumentando lo siguiente:

«4. La aplicación de la doctrina constitucional expuesta a las infracciones constitucionales denunciadas, supone la estimación del recurso de amparo formulado pues la falta de notificaciones personales con éxito al demandante, intentadas en el local de negocio pub, en horario de mañana, cuando no tiene actividad, sin que conste aviso alguno en el buzón de correos de la citada actividad mercantil, acudiendo posteriormente a la mera notificación edictal, cuando consta el conocimiento del domicilio personal del recurrente, en el que se notifica la vía ejecutiva, ha vulnerado su derecho de defensa y a ser informado de la acusación protegidos por el art. 24.2 CE al impedir que el administrado pudiera ejercer su derecho de defensa en el procedimiento administrativo sancionador cuya existencia no consta conociera, sin que tal situación de indefensión se produzca por causa imputable al demandante de amparo y sí a la Administración, que no obró con la debida diligencia en la búsqueda de domicilio en el que notificar personalmente o del horario adecuado para la notificación en el que efectivamente lo intentó, constándole el género de la actividad del negocio así como el domicilio personal del recurrente, como evidencia la efectiva notificación de la vía de apremio en este último domicilio. Y aunque dicho domicilio personal del recurrente no hubiera sido inicialmente conocido por la Administración sancionadora y que hubiera sido hallado por la ejecutiva, como aduce la Junta de Andalucía, aquélla había de haber obrado con la diligencia suficiente para buscar y obtener en los registros públicos correspondientes un domicilio donde poder realizar una notificación personal positiva como efectivamente se hizo en la vía ejecutiva, como recuerdan nuestras sentencias 32/2008, de 25 de febrero, FJ 2, y 128/2008, de 27 de octubre, FJ 2″

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/03/pdfs/BOE-A-2014-5861.pdf